El martes 9 de enero de 2018, el Juez del Distrito de los Estados Unidos, Williams Alsup, titular para el Distrito Norte de California, ordenó que el gobierno de Trump empiece a aceptar las solicitudes de renovación de DACA nuevamente. Para leer la decisión de 49 páginas, haga clic aquí.  Los abogados del Bufete de Inmigración Saev Hernandez leyeron la orden en su totalidad y les brindamos un resumen a continuación.

¿Qué ordenó la corte?

El Juez Alsup ordenó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantenga el programa DACA vigente en todos los Estados Unidos, en los mismos términos que ha existido antes de que fuera cancelado el 5 de septiembre de 2017.  La diferencia es que la orden del juez solo se aplica para las renovaciones de DACA y no hace referencia a:

  • Nuevas solicitudes de DACA
  • Solicitudes de autorización de viaje basadas en el estatus de DACA, y
  • La decisión indica que DHS debe ejercer criterio para tomar decisiones sobre casos particulares.

En las páginas finales de la decisión, el Juez Alsup también ordenó que la agencia publique un procedimiento consistente con su decisión de aceptar nuevas renovaciones de DACA. Obsérvese que al momento de escribir este artículo, DHS no ha publicado ningún procedimiento.

¿Debo solicitar renovar DACA? ¿Cuándo?

Las personas cuyo estatus de DACA expira durante los siguientes seis meses deben inmediatamente contactarse con sus abogados de inmigración para discutir la posibilidad de solicitar la renovación.  Algunas personas pueden decidir solicitar renovaciones ahora mismo, incluso antes de que DHS anuncie un proceso para cumplir con la orden de la corte.  Otras personas pueden optar por esperar hasta que se haya anunciado un proceso. Hacemos un llamado a los beneficiarios de DACA, que estén interesados en renovar su estatus, a que llamen a nuestra oficina al 615-647-8628.

¿Qué es lo que el juez dijo exactamente?

Estas son las palabras del juez dando órdenes a DHS:

Por la presente SE ORDENA Y SE EXIGE a los demandados, a la espera de juicio definitivo aquí u otra orden, que mantengan el programa DACA a escala nacional en los mismos términos y condiciones que se encontraban vigentes antes de la cancelación del 5 de septiembre de 2017, incluyendo permitir a los registrados con DACA que renueven su registro, con estas excepciones (1) las solicitudes nuevas de solicitantes que nunca antes han recibido acción diferida no necesitan ser procesadas; (2) la opción de autorización de viaje no necesita ser continuada por el momento para nadie; y (3) los acusados deben tomar medidas administrativas para asegurar que se ejerzan criterios justos sobre la base individual para cada solicitud de renovación.

Nada en esta orden prohíbe que la agencia proceda a deportar a cualquier individuo, incluso si está registrado con DACA, que ha sido determinado que supone un riesgo para la seguridad nacional o la seguridad pública, o, de otra manera, merece ser deportado según su juicio.  Tampoco esta orden prohíbe que la agencia otorgue autorizaciones de viaje en casos individuales si encuentra que lo merecen, o de garantizar acción diferida a nuevas personas según la necesidad de cada caso.

La agencia deberá dar aviso público razonable de que reanudará recibir solicitudes de renovación de DACA y dictará un proceso consistente con esta orden.  La agencia deberá guardar registro de sus acciones de todas las solicitudes relacionadas con DACA y brindar informes breves a la Corte (y al abogado) el primer día útil de cada trimestre.

¿Por qué la corte ordenó que DACA se vuelva a abrir?

El Juez Alsup escribió que “la decisión de la agencia de anular DACA se basó en una premisa legal errónea”.  Básicamente, DHS canceló DACA un día después de que el Fiscal General Jeff Sessions enviara una carta corta a la entonces Secretaria de DHS, Elaine Duke, diciéndole que el gobierno de Obama creó inconstitucionalmente el programa DACA.  El escribió que DACA era vulnerable al mismo tipo de problemas que el programa similar propuesto para los padres de ciudadanos americanos, llamado Acción Diferida para la Responsabilidad Paterna, o DAPA, porque ambos programas estuvieron basados en que la rama ejecutiva hiciera uso de un poder que realmente le competía al Congreso – hacer nuevas leyes.

La decisión del Juez Alsup revela con mucho detalle la historia de varios gobiernos presidenciales que usaron acción diferida como una forma de facultad discrecional.  Él  escribe que el Congreso y la Corte Suprema han reconocido la acción diferida, y no solo en el contexto de DACA.  La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito sobre DAPA puede diferenciarse, sin embargo.  DAPA hubiera ofrecido beneficios a las personas basados en sus hijos estadounidenses,  un asunto ya cubierto por las leyes de inmigración que ha pasado el Congreso.  Pero el tema de DACA no ha sido cubierto aun por la ley.  Él escribe:

La cancelación se basó en una premisa legal errónea y debe dejarse de lado por “arbitraria, caprichosa, ser un abuso de discreción o, de otra manera, estar en contradicción con la ley”.

Los abogados del gobierno argumentaron que hay otra razón para cancelar DACA, sobre la cual el gobierno de Trump estaba preocupado por el riesgo de litigación.  La corte critica duramente este tipo de razonamiento como algo que el gobierno inventó solo después de que la decisión fuera hecha.  En realidad, el Juez Alsup encontró que las cortes no deben aceptar las racionalizaciones hechas después del acto. La Secretaria de DHS simplemente se apoyó en la decisión del Fiscal General y no hizo un balance del riesgo de la litigación contra los intereses de los beneficiarios de DACA.

Además, el Juez Alsup usó los propios tuits del Presidente Trump contra DHS, encontrando que el programa DACA no fue cancelado porque el gobierno considere que era una mala política.  Por el contrario, Trump famosamente tuiteó que los “soñadores deben descansar en paz”, y sobre su intención de revisar DACA si el Congreso no pasase una ley concerniente a su situación de inmigración.

El Juez encontró que los beneficiarios de DACA sufrirán claro perjuicio si el programa DACA permanece cancelado.  La Universidad de California y otras entidades sufrirán porque perderán estudiantes y empleados, lo que impactará “los intereses de su organización, su rendimiento económico, la salud pública y la seguridad”.  Los estados que se unieron a la demanda contra el gobierno de Trump, según el Juez Alsup, también se verán afectados porque no generarán suficientes intereses fiscales.

10 de enero de 2018